Por Eugenia Suarez Pedregal
No hay dudas sobre lo que se ve.
Un video corto, fragmentado, sin antes ni después. Una mujer haciendo gestos de mono. Un gesto racista. Un acto condenable para Brasil.
Eso es lo que circula.
Pero eso no es todo lo que existe.
Agostina Páez, santiagueña, abogada, mujer joven, turista en Brasil, quedó retenida por la justicia brasileña tras una denuncia por injuria racial. La ley en Brasil es clara y severa: el racismo no es una falta menor, es un delito penal grave. Y la Justicia debe actuar. Nadie discute eso.
Lo que sí merece ser discutido es cómo una causa judicial se transforma en una ejecución social anticipada.
El recorte que se volvió sentencia
El conflicto completo no se ve.
No se ve la discusión previa por una cuenta supuestamente cobrada de más.
No se ve, según la versión de ella, el momento en que empleados del lugar habrían hecho gestos obscenos hacia ella y sus amigas.
No se ve el clima, la tensión, el intercambio previo.
Lo único que se viraliza es el gesto final. Y ese recorte, repetido hasta el hartazgo, se convierte en sentencia social.
Las redes sociales y muchos medios no informan: condenan. No preguntan: afirman. No contextualizan: simplifican.
Justicia penal vs. escarnio público
Agostina fue denunciada y quedó a disposición de la Justicia brasileña. Tiene el pasaporte retenido, una tobillera electrónica y la obligación de permanecer en el país hasta que el proceso avance. Ese es el camino legal.
Pero en paralelo ocurre otra cosa:
un juicio público sin garantías, sin derecho a defensa, sin proporcionalidad.
Se la insulta, se la ridiculiza, se la reduce a un solo gesto. Se la convierte en símbolo. En ejemplo. En advertencia.
Y ahí aparece una pregunta:
cuándo el pedido legítimo de justicia se convierte en espectáculo punitivo?
Cuando el error no tiene retorno
Nada de esto ocurre en el vacío.
Agostina no es solo una imputada: es una mujer expuesta. Y eso importa.
Las mujeres, cuando erran y más aún cuando lo hacen públicamente, suelen recibir un castigo ampliado: moral, simbólico, corporal. No alcanza con responder ante la ley. Hay que pagar con la imagen, con el honor, con la identidad completa.
El discurso público no se limita a condenar el acto racista. Avanza sobre su persona:
“qué tipo de mujer es”,
“qué representa”,
“qué merece”.
Ese ensañamiento también es violencia.
Lo que sí y lo que no
Sí: el gesto fue racista.
Sí:debe ser investigado y juzgado por la Justicia brasileña.
Pero no: no es legítimo el linchamiento.
No es justo el escarnio permanente.
No es sano convertir a una persona en blanco de odio colectivo antes de que exista una sentencia.
Porque cuando la condena social se adelanta a la judicial, el Estado de Derecho se debilita, incluso en causas que nos incomodan.
Condenar un acto no debería implicar destruir a una persona.
Y sin embargo, eso es lo que muchas veces ocurre cuando una mujer queda expuesta en el espacio público.
Desde una perspectiva de género y de salud mental, este caso también interpela otra dimensión: el impacto psíquico del linchamiento social. La viralización, el señalamiento permanente, la burla, la humillación y el odio sostenido no son neutros. Dañan. Aplastan. Deshumanizan.
Las mujeres no solo somos juzgadas por lo que hacemos, sino por cómo “deberíamos” haber reaccionado, por cuánto deberíamos arrepentirnos, por cuánto dolor se nos permite mostrar sin ser desacreditadas. El error no habilita el castigo sin fin.
La Justicia debe actuar, sí.
Pero la salud mental también importa.
Y el derecho a no ser anulada como persona, también.
No se trata de justificar un gesto racista. Se trata de no reemplazar la justicia por la crueldad, ni la pedagogía social por la violencia simbólica. Porque cuando el castigo se vuelve espectáculo, cuando el odio se normaliza como corrección moral, el daño se multiplica y nadie sale ileso.
Cuidar los procesos, cuidar las palabras y cuidar la salud mental no es ser indulgentes: es ser responsables como sociedad.