Por Walter Martello
En la Argentina de hoy, cuando el fuego avanza sobre bosques, viviendas y economías regionales, la pregunta es tan simple como incómoda: ¿dónde está el Manejo del Fuego? No es una consigna retórica ni una exageración ambientalista. Es una interpelación directa al corazón de una política pública que fue desarmada en silencio mientras el país ardía. Durante años, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) constituyó la principal herramienta federal para la prevención y el combate de incendios forestales.
Tenía estructura, financiamiento específico y capacidad operativa. Hoy, esa arquitectura fue diluida. Desde fines de 2024 y durante 2025, el SNMF pasó a depender del Ministerio de Seguridad Nacional, integrado en la Agencia Federal de Emergencias. El cambio no fue meramente administrativo: implicó una pérdida concreta de autonomía, previsibilidad y transparencia.
El golpe más fuerte llegó con la eliminación del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, disuelto por el Decreto 463/2025. Ese fondo era la garantía de que los recursos recaudados con un destino específico —la prevención, el equipamiento y el despliegue de brigadas— no se desviaran hacia otras urgencias coyunturales. Hoy, esos recursos fueron absorbidos por el presupuesto general del Ministerio de Seguridad. Traducido al lenguaje llano: el fuego pasó a competir con otras prioridades políticas y operativas, sin reglas claras ni control público efectivo.
Los números son elocuentes y desnudan la narrativa oficial. 2023 fue el último año con una ejecución presupuestaria relativamente sólida: más fondos, mejor utilización y mayor claridad en el destino del gasto. 2024, en cambio, marca un quiebre alarmante: en pleno contexto de incendios generalizados, el SNMF ejecutó apenas el 22 % de su presupuesto.
En términos reales, la ejecución cayó un 81 % respecto de 2023, producto de la inflación y de una subejecución deliberada de partidas críticas. Un dato brutal: mientras el fuego avanzaba, el Estado retrocedía.En 2025, el presupuesto nominal creció, pero la historia se repitió. Cerca del 25 % de los fondos asignados —unos 20.000 millones de pesos— quedaron sin ejecutar. Dinero que podría haber reforzado tareas de prevención, compra de equipamiento, logística aérea o fortalecimiento de brigadas federales y provinciales.
Si se compara la ejecución efectiva de 2025 con la de 2023, el aumento real es apenas del 8,5 %, insuficiente para compensar el vacío que dejó el colapso de 2024.
El problema, entonces, no es solo cuánto se asigna, sino qué se ejecuta, cuándo y con qué lógica. La política de Manejo del Fuego exige planificación de largo plazo, inversión anticipada y coordinación federal.
No se improvisa en medio de la emergencia ni se gestiona como una partida más dentro de un ministerio con múltiples demandas.La pregunta vuelve, insistente: ¿dónde está el Manejo del Fuego? Está diluido, subejecutado y subordinado a una lógica de seguridad que no entiende —o no prioriza— la dimensión ambiental, productiva y social de los incendios.
El fuego no espera decretos ni reordenamientos administrativos. Avanza. Y cuando el Estado llega tarde, el costo no se mide solo en hectáreas quemadas, sino en vidas, ecosistemas y futuro.Recuperar una política federal sólida de Manejo del Fuego no es una opción ideológica: es una responsabilidad pública indelegable. Porque cuando el fuego arrasa, lo que queda al descubierto no es solo el bosque quemado, sino la fragilidad de un Estado que decidió mirar para otro lado.