El gobernador de la provincia, Elías Suárez, firmó este martes un decreto mediante el cual se establecen medidas de control, contención y racionalización del gasto administrativo, con el objetivo de preservar el equilibrio fiscal y financiero del Estado provincial, en el actual contexto económico.
La decisión se enmarca en la disminución sostenida de los recursos provenientes de la coparticipación federal registrada durante el año 2025, situación que afecta a las finanzas provinciales. A ello se suma el escenario macroeconómico vigente y las políticas económicas nacionales, que inciden en la actividad productiva y en la capacidad de financiamiento de las jurisdicciones.
El decreto dispone el fortalecimiento de los mecanismos de programación, control y evaluación del gasto público, estableciendo pautas obligatorias de austeridad y eficiencia que alcanzan a la administración pública centralizada y descentralizada, organismos autárquicos, empresas y sociedades del Estado, con el fin de garantizar previsibilidad en la gestión y la continuidad de los servicios públicos.
Entre las principales medidas, se establece la prohibición de nuevas contrataciones de recursos humanos, cualquiera sea su modalidad u origen de financiamiento, incluyendo programas con fondos nacionales o internacionales, así como la restricción en la cobertura de vacantes y designaciones, con excepción de cargos políticos específicos. Asimismo, se limita el otorgamiento de horas extras, bonificaciones e incentivos, cuya eventual autorización quedará sujeta a la evaluación de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
La normativa también dispone la prohibición del alquiler de vehículos y maquinarias, la restricción de convenios que impliquen erogaciones para el Estado provincial, la centralización y reducción de viáticos priorizando el uso de reuniones virtuales, y límites estrictos a los gastos en promoción, propaganda y difusión oficial. Además, se refuerza el control sobre fondos permanentes, subsidios, transferencias discrecionales y partidas presupuestarias especiales.
En materia de obra pública, el decreto establece que la contratación de nuevas obras y la continuidad de aquellas que aún no cuenten con adjudicación o contrato firmado serán evaluadas por el Poder Ejecutivo, garantizando la ejecución de los proyectos vinculados a servicios esenciales como educación, salud, agua y seguridad, así como aquellos considerados prioritarios para la Provincia.
Asimismo, la norma asigna responsabilidad directa a los funcionarios del Poder Ejecutivo, estableciendo que el jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones del decreto, bajo apercibimiento de incurrir en falta grave y la eventual instrucción de los sumarios administrativos correspondientes.
El decreto tendrá vigencia a partir del 10 de diciembre de 2025, por un plazo de 12 meses, con posibilidad de ser prorrogado por igual período o dejado sin efecto, total o parcialmente, si se superan las causas que motivaron su implementación. Desde el Gobierno provincial se destacó que estas medidas buscan asegurar una administración responsable de los recursos públicos, priorizando el impacto social y la continuidad de los servicios esenciales para todos los santiagueños.