Comparto plenamente la necesidad de avanzar en reformas que permitan generar más y mejor empleo. El trabajo es la gran cuestión de nuestro tiempo y requiere respuestas responsables y sostenibles.
Ahora bien, la crisis del empleo es un fenómeno multicausal. No se resuelve exclusivamente modificando la normativa laboral. No porque cambiemos una ley el panadero o la carnicería de la esquina van a incorporar uno o dos trabajadores más. Lo harán si venden más, si la economía crece y si existe previsibilidad.
Las reformas estructurales, sobre todo en materia laboral, no pueden construirse sin un proceso riguroso de consenso social. Nuestra experiencia demuestra que los cambios impulsados sin acuerdos amplios, nacidos en ámbitos cerrados y sin integrar plenamente al mundo del trabajo y de la producción, terminan fracasando.
Este proyecto, lejos de constituir una verdadera modernización, avanza sobre pisos salariales y condiciones de trabajo ya deterioradas, amplía la precariedad y restringe derechos. Además, no aborda de manera integral la relación entre legislación laboral, sistema tributario y sistema previsional, que es clave para una solución duradera.El país necesita una política de Estado en materia de empleo, capaz de generar confianza, reducir la litigiosidad y promover trabajo genuino en todas las regiones. Esa política debe nacer del diálogo y del federalismo, no de imposiciones parciales.
Por estas razones, y desde una clara voluntad de reforma y de cambio, mi voto es en contra. Porque estoy convencido de que la Argentina necesita transformaciones profundas, pero también consensos sólidos que las hagan posibles y sostenibles en el tiempo.