Por Julia Gerardi, Lic. En Criminología y Seguridad
Lo que nadie está diciendo con claridadUna madre mira el noticiero y siente miedo.Un comerciante repasa las imágenes de una cámara de seguridad y siente rabia. Un legislador recibe estadísticas fragmentadas y siente presión. Un adolescente atraviesa un proceso judicial sin comprender del todo lo que está ocurriendo. Ahí empieza el debate.
No en el Congreso. No en una consigna.Empieza en la sensación colectiva de que algo debe hacerse. La pregunta es qué. El número no es el problema. El sistema sí.Bajar la edad de imputabilidad parece una decisión concreta: se cambia un artículo, se fija una cifra y el Estado amplía su capacidad de intervención penal.Pero lo que casi no se explica es que la edad es solo la puerta de entrada.Detrás hay un edificio entero que debe sostener esa decisión.
¿Existe hoy un sistema juvenil preparado para recibir más adolescentes bajo proceso penal?¿Existen equipos técnicos suficientes?¿Hay protocolos de evaluación de riesgo individualizados?¿Se trabaja con las familias?¿Se mide reincidencia?¿Se hace seguimiento después del cumplimiento?Sin ese andamiaje, la discusión queda incompleta.Y la sociedad merece algo más que respuestas incompletas.Lo que la criminología viene estudiando hace décadas
La criminalidad juvenil no es homogénea. No todos los adolescentes que delinquen responden al mismo patrón.Existen trayectorias persistentes, vinculadas a contextos de violencia estructural, abandono temprano, consumo problemático, escolaridad interrumpida y adultos que instrumentalizan menores. Existen también episodios aislados, reactivos, ligados a impulsividad o dinámicas grupales.Mezclar ambos perfiles en una misma respuesta penal es un error técnico.La criminología no mira solo el hecho.Mira la trayectoria.
No mira solo el daño.Mira el riesgo futuro.No mira solo el castigo.Mira el impacto en la reincidencia.Cuando estas variables no se incorporan al debate legislativo, el análisis queda recortado. Desarrollo, responsabilidad y realidad.Hablar de maduración cerebral no es justificar conductas.Es reconocer cómo funciona el desarrollo humano.
Las funciones ejecutivas —planificación, anticipación de consecuencias, regulación emocional— se consolidan progresivamente.Eso no elimina responsabilidad, pero obliga a diseñar respuestas proporcionales y diferenciadas.El derecho penal juvenil nació sobre un principio claro: especialidad.Especialidad no es impunidad.Es intervención adecuada a la etapa vital.Si esa especialidad desaparece, el sistema pierde precisión.Lo que preocupa a la sociedad es legítimo
Hay delitos graves cometidos por menores.Hay víctimas reales.Hay daños profundos. Minimizar ese impacto sería irresponsable.Pero la seguridad pública no se construye solo ampliando la punibilidad.Se construye reduciendo la probabilidad de repetición.Y ahí es donde el debate necesita rigor. Porque si un adolescente ingresa al sistema penal sin evaluación criminológica seria, sin abordaje familiar, sin continuidad educativa y sin tratamiento de factores de riesgo, el sistema no corrige la trayectoria. La fija. Y cuando esa trayectoria se consolida en la adultez, el costo social es mayor.El punto que el Congreso debería exigir antes de votar.Antes de modificar la edad, deberían responderse preguntas concretas: ¿Qué porcentaje real de delitos graves corresponde a menores?¿Cuántos de esos casos muestran trayectorias persistentes? ¿Cuántos son instrumentalizados por adultos? ¿Qué recursos humanos y técnicos existen hoy en el sistema juvenil?¿Cómo se medirá el impacto de la reforma?
No se trata de estar a favor o en contra.Se trata de saber qué se está reformando.Legislar sin diagnóstico integral es caminar sin mapa.Reparación, responsabilidad y comunidad.La justicia juvenil moderna no descansa en la indulgencia ni en la revancha.Descansa en la responsabilización con sentido.Responsabilizar implica que el adolescente comprenda el daño, que exista reparación cuando sea posible y que el proceso incluya reconstrucción del lazo social.
La reparación no es un gesto simbólico.Es una herramienta concreta de prevención futura.Cuando el sistema solo encierra, la sociedad no repara.Solo posterga el conflicto. Lo que solo la criminología puede aportarLa criminología integra datos empíricos, análisis de trayectorias, evaluación de riesgo, estudio de reincidencia y eficacia institucional. Trabaja con evidencia, no con consignas.Puede distinguir perfiles.
Puede identificar factores de riesgo dinámicos.Puede advertir cuándo una política penal reduce delito y cuándo solo amplía población carcelaria. Puede diseñar intervenciones específicas. Puede medir resultados. En este debate, esa mirada no es complementaria. Es indispensable. No para suavizar la ley. Para que la ley funcione.El dilema realBajar la edad puede generar una sensación inmediata de acción. Pero si el sistema no cambia en paralelo, la sensación no se traduce en seguridad.La pregunta no es si el Estado debe intervenir. La pregunta es cómo interviene para que la intervención no produzca más daño del que intenta evitar.
La sociedad necesita respuestas. El Congreso necesita datos.Las víctimas necesitan garantías de no repetición. Los adolescentes necesitan límites claros y procesos que no los condenen de por vida a una identidad delictiva.Entre la indignación y la ingenuidad hay un espacio técnico. Ese espacio se llama política criminal basada en evidencia. Y si la discusión va a modificar la vida de miles de jóvenes y el nivel de seguridad de millones de personas, ese espacio no puede quedar afuera.Lo que está en juego no es solo una edad.Es el tipo de sistema que elegimos construir.