El Gobierno argentino presentó este lunes un escrito ante la jueza neoyorkina Loretta Preska, en el que le solicitó que no se establezca una fecha puntual para comenzar con los eventuales embargos en caso de no presentar garantías, en el marco de la causa por la nacionalización de YPF concretada en 2012.
El estudio de abogados Sullivan & Cromwell, el cual representa a nuestro país, pidió «que no se reconociera la fecha del 10 de enero como tope para que el Gobierno argentino presente garantías». De esta manera, se evitarían eventuales embargos que pueda sufrir por parte de los litigantes.
En primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de u$s16.000.000 a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park.
El pedido presentado por la Argentina obligará a la jueza Loretta Preska a reconfirmar o modificar el fallo en el que estableció al 10 de enero como fecha límite para que los demandantes puedan comenzar a hurgar sobre algún activo, en caso de que la Argentina no presenta garantías.
Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos», asegura el texto presentado por el estudio Sullivan & Cromwell al que accedió la agencia Télam.
Causa YPF: repaso y recambio de estrategia
Que se haya confirmado esta presentación «muestra cierto cambio de estrategia» de parte del nuevo gobierno, si bien mantuvo al mismo estudio de abogados que lleva adelante la causa.
Los litigantes tendrán tiempo para expresar su opinión respecto al nuevo planteo argentino hasta el mediodía de este martes 9.En diciembre pasado, Preska accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio, a la espera de una sentencia firme para el fallo que obliga a la Argentina a abonar un resarcimiento de u$s16.100.000.000 a Burford.
El pasado 27 de noviembre, en plena transición de gobierno, Argentina solicitó a la jueza Preska una postergación del plazo de ejecución de la sentencia para la presentación de garantías. El motivo del pedido fue que el nuevo Gobierno «aún no había asumido», lo que sucedió como estaba previsto el 10 de diciembre pasado.
En ese marco, la jueza Preska concedió la prórroga. Y desde el estudio Sullivan & Cromwell celebraron la decisión ya que «esta breve prórroga le daría a la nueva administración treinta días para evaluar las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 2023».
Por otro lado, Preska concedió al nuevo gobierno un plazo hasta el 22 de febrero para presentar los primeros argumentos contra el fallo que condena al país a pagar los u$s16.000 millones por la expropiación de YPF.