La cumbre convocada por el Consejo Federal de Inversiones se realiza este martes con la presencia de mandatarios provinciales de todo el país. Denuncian una caída interanual del 26,2% en los fondos coparticipables y alertan por el deterioro de las rutas nacionales.

La preocupación por la crisis financiera que atraviesan las provincias se traslada este martes a una nueva cumbre de gobernadores, convocada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El eje del encuentro estará puesto en la caída de la coparticipación federal, que registró una baja del 26,2% interanual en mayo, y en la paralización de la obra pública, con especial foco en la infraestructura vial.

El encuentro, titulado “Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal”, reúne a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes fueron invitados por Ignacio Lamothe, titular del CFI. Algunos confirmaron su presencia en la sede del organismo en Buenos Aires, mientras que otros lo harán por videoconferencia. La convocatoria, aunque institucional, tiene también una lectura política en Casa Rosada, en un contexto atravesado por tensiones fiscales, judicialización de reclamos y proyecciones electorales.

La molestia de los mandatarios provinciales viene en aumento. A pesar de haber reducido gastos, las provincias sufren un ajuste sostenido en las transferencias nacionales. Varias jurisdicciones iniciaron acciones judiciales por deudas vinculadas a las cajas previsionales, mientras que otros mandatarios, como el de Río Negro, Alberto Weretilneck, optaron por llevar su reclamo a la Justicia por el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios.Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en mayo de 2025 los recursos de origen nacional (RON) sufrieron un desplome real del 23,3%, considerando una inflación del 2% para ese mes. En cuanto a la Coparticipación Federal de Impuestos, la caída fue aún mayor: un 26,2% interanual.

El análisis detalla que esta baja se explica en parte por una base de comparación “extraordinariamente alta”: en mayo de 2024 se concentraron pagos del saldo del Impuesto a las Ganancias de empresas con cierre fiscal en diciembre. Ese ingreso elevado fue potenciado por la devaluación posterior a diciembre de 2023, que generó fuertes ganancias de capital para compañías con activos dolarizados.Si bien entre diciembre de 2024 y abril de 2025 esa “ventaja estadística” benefició la comparación interanual, en mayo impactó negativamente. Sin embargo, CEPA proyecta que en junio volverá a jugar a favor del cálculo real.

A diferencia de otros meses, esta vez la caída fue homogénea en todas las provincias. Río Negro lideró el retroceso con una baja del 26,5% en términos reales, mientras que Salta fue la menos afectada, con una contracción del 19,9%. El promedio general se situó en -23,3% en recursos de origen nacional.Las transferencias por coparticipación también mostraron números negativos en todas las jurisdicciones.

Las caídas oscilaron entre el -25,3% y el -28,5%, con un promedio nacional del -26,2%. Esta reducción en los ingresos provinciales impacta directamente en la capacidad de gestión local y en la ejecución de obras, especialmente las de infraestructura vial que, en muchos casos, están paralizadas o muestran un deterioro creciente.

En paralelo, el Gobierno nacional dejó trascender que evalúa reflotar el Pacto de Mayo, un acuerdo que cuenta con la adhesión inicial de 18 mandatarios, pero que aún no logró avanzar en lo concreto. El Consejo de Mayo, espacio donde se preveía canalizar el diálogo institucional, todavía no inició actividades.Este contexto económico y político se produce en un año clave desde lo electoral. Con el oficialismo necesitado de respaldos para avanzar con su agenda parlamentaria, no se descarta un relanzamiento del pacto como herramienta para reencauzar la relación con las provincias.

Entre los proyectos que el Ejecutivo busca consensuar se encuentra la propuesta para permitir el uso de los llamados “dólares del colchón”, sin necesidad de justificar su origen. La iniciativa genera suspicacias entre los gobernadores, que exigen conocer su letra chica antes de avanzar con una eventual adhesión.

Por MDC INFO

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