La jueza Preska desestimó las objeciones del gobierno argentino, afirmando que forman parte de una «estrategia dilatoria» en el juicio por YPF. En caso de no cumplir con la orden, el país podría enfrentar sanciones.
En una audiencia clave del juicio por YPF, la jueza Loretta Preska volvió a ordenarle a la Argentina entregar los chats y los mails de Luis Caputo y Sergio Massa. La audiencia se desarrolló entre los representantes de la Argentina y los fondos demandantes ante la jueza federal del distrito sur de Nueva York.Los temas principales de discusión de la audiencia se basaron en el proceso de discovery (los documentos que el demandante solicita para dar cumplimiento de la pena) y la entrega de información relacionada con el “alter ego” de YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación e YPF.
Allí, la magistrada consideró que las objeciones del Estado argentino, basadas en supuestas restricciones constitucionales y legales locales, son parte de una estrategia dilatoria. Aunque, aceptó fijar una fecha límite de cumplimiento para el 30 de octubre.Durante la audiencia, los demandantes (Levine Lee, King & Spalding, Kellogg Hansen) insistieron en que los funcionarios usan chats y teléfonos personales para manejar asuntos de Estado y que hay evidencia pública de ello.Así reafirmó su orden previa de ordenar que la Argentina otorgue mails y chats de WhatsApp del ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa.
La jueza consideró que la falta de cumplimiento podría derivar en sanciones, como inferencias adversas o medidas de desacato.A principios de octubre, el Gobierno celebró el respaldo de un grupo de países en la apelación en Estados Unidos para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
La Argentina sostiene que cumplir con la orden de Preska de entregar las acciones de YPF como parte de pago de la condena por US$16.000 millones afectaría la soberanía económica y sentaría un precedente para la protección de activos estatales en el exterior.La defensa presentó cuatro argumentos centrales ante la Corte de Apelaciones de Nueva York: violación de la inmunidad soberana, interpretación errónea del derecho de Nueva York, inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas y violación del derecho argentino e internacional.